JZI: Rompiendo barreras en la búsqueda de la transparencia financiera



Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a comprar el control en en torno a veinte compañías usando indebidamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento empieza a formarse en 2016, momento en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.

Esta composición pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que aquí destaca la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el campo del capital riesgo..

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